En su carácter de miembro de la AGA (Alianza para el Gobierno Abierto) nuestro país ha suscrito numerosos acuerdos y ha establecido importantes iniciativas que están vinculadas con el mejoramiento de la transparencia, la motivación para hacer participar a la ciudadanía, la lucha contra la impunidad y corrupción, la difusión de las actividades y proyectos gubernamentales, así como con el uso de la tecnología de información y comunicaciones (TIC) como instrumento de apoyo a lo largo de este proceso. Dicha transformación implica una modificación sustancial de las Políticas de Información que vuelvan más eficaz la difusión de proyectos e iniciativas, a fin de que permeen en sectores amplios, pero que conlleven mecanismos para la comunicación bidireccional desde la ciudadanía hacia el sector público. La división de poderes en el Estado Mexicano implica que haya una articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nuestro marco legal señala que todas las autoridades y organismos del Estado serán sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, por lo que se hace necesario desarrollar un repertorio amplio de herramientas y recursos que permitan dicha apertura dinámica hacia la sociedad.
El auge por desarrollar políticas de información abierta tuvo su origen en Europa durante la década de los 90, en la cual las políticas de la Unión Europea, así como diversas instancias públicas y privadas se comprometieron en el uso de las TIC para desarrollar la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Si bien tecnologías como Internet, el protocolo TCP/IP que la sustenta y diversos sistemas computacionales o de comunicación fueron madurando primero de manera paralela y luego vinculadas inextricablemente en algún punto de la década de los 80, muchos servicios y actividades de la vida humana y humana-social se seguían desempeñando de manera física. Esto es, tareas como las vinculadas con la salud, los servicios bancarios, la educación o los recursos que facilitaba el gobierno a los ciudadanos seguían siendo eminentemente presenciales, con apoyo de ‘copias duras’ en papel. Estrategias como Europa 2020 se gestaron en 2010, momento en que diversos estándares y recursos técnicos habían alcanzado un grado de madurez y cobertura inusitada. Se había logrado el nivel de la tecnología asequible comercialmente.
Los enlaces de Internet en alta velocidad, las tecnologías móviles, las redes WIFI en espacios privados o públicos, así como la aparición de numerosos planes y tarifas entre carriersy la ejecución de proyectos gubernamentales para acceso a la red ayudaron en la disminución de la brecha digital, favorecieron las mejoras sustanciales en los servicios y acceso a la información que los Estados pueden ofrecer a los ciudadanos. La Agenda Digital Europea (Comisión Europea, 2010) fue sin duda parteaguas para la diseminación de servicios, recursos y canales de acceso, junto con la instauración paulatina pero creciente de beneficios por parte del gobierno. El advenimiento del Big Data favoreció a la vez el desarrollo de iniciativas como SmartCities, basado en la llamada Urban Data Collection, que tiene como objetivo brindar información en tiempo real a los ciudadanos sobre las condiciones, calidad, disponibilidad de diferentes servicios (trenes, autobuses, metro, zonas en peligro, tráfico, predicción del clima, etc.)
Gran Bretaña fue uno de los casos se éxito que se volvieron emblemáticos en cuanto al uso de tecnología para la sociedad. En ese país se implementaron diferentes sistemas y portales para dotar de voz a los ciudadanos de manera tal que la comunicación no fuese unidireccional sino que cualquier persona pudiera enviar datos, información, consultas y sugerencias, fuesen estas a las autoridades del ejecutivo o bien sobre diversos servicios. Estos desarrollos desembocaron en los mecanismos y recursos del Parlamento Abierto, dado que por medio de la tecnología ya fue posible contar con apertura para consultar y reutilizar la información pública. Antes de ello, el ciudadano y adoptaba una postura reactiva al interactuar con el poder judicial o ejecutivo, pero ahora puede hacer oír sus necesidades, visualizar o solicitar información que está siendo considerada para la creación del marco legal.
Los 90 fueron la década de la apertura en comunicaciones, software, tecnologías, mientras que la década del 2000 sentó las bases de la apertura informativa en todo momento tiempo y lugar. El Parlamento Abierto es una tendencia que sigue esta difusión amplia y multidireccional de la información, está envuelto en un conjunto de valores democráticos que van permeando en los individuos y los acompañan en la transición de la información aislada y cerrada, hacia la libre y transparente.
En México existe un desencanto social y una desconfianza ante quienes participan de alguno de los poderes, por ejemplo Ejecutivo y Legislativo. El ciudadano promedio vive una separación entre su vida cotidiana y las necesidades sociales que experimenta, en contraposición con las tareas que se llevan a cabo en el ámbito legislativo. Esta desconexión causa un ambiente sin diálogo, sin conocimiento mutuo o retroalimentación, sin consulta para abordar requerimientos o necesidades y se complica además por diversos casos de impunidad, corrupción o fracasos de anteriores proyectos legislativos.
A pesar de la problemática tan compleja y en el marco de la AGA, se han dado pasos importantes como la firma de la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en 2014. En dicho documento se suscribe el deseo de formar parte de dicha alianza y de establecer: normas internas para la participación de los diferentes actores que la componen, así como la metodología para elaborar Planes de Acción que puedan encaminarse hacia la implementación progresiva e incremental de los Diez Principios del Parlamento Abierto. Se compromete la creación de un cronograma de trabajo y formalizar la participación de nuestro país en las instancias internacionales correspondientes.
Los diez principios del Parlamento Abierto son:
1. Derecho a la Información.
2. Participación ciudadana y rendición de cuentas.
3. Información parlamentaria.
4. Información presupuestal y administrativa.
5. Información sobre legisladores y servidores públicos.
6. Información histórica.
7. Datos abiertos y no propietarios.
8. Accesibilidad y difusión.
Se tienen así todos los elementos como para establecer que el Parlamento Abierto es otra área de aplicación no sólo natural sino obligada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
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